Estos actos de violencia y destrucción atentan contra el patrimonio público, contra la calidad educativa y contra la libertad de expresión. Además, generan un clima de inseguridad y desconfianza que afecta el normal funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de las actividades académicas.

La universidad pública es un espacio de formación, de investigación, de extensión, de cultura y de participación ciudadana. Es un espacio de pluralismo, de diversidad, de debate y de crítica. Por sobre todo, es un espacio de derechos, de responsabilidades, de solidaridad y de compromiso social. Nos pertenece, nos representa y nos enorgullece.

Frente a los hechos vandálicos, la respuesta debe ser pacífica, democrática y colectiva. Debemos denunciar, repudiar y exigir justicia por los daños causados.

Debemos cuidar y proteger nuestra universidad, siempre desde el respeto, permitiendo así construir ciudadanía desde principios de convivencia y tolerancia.